Francia ante la violencia

Francia atraviesa una grave crisis de violencia y desorden que debilita al Estado y, lo que es aún más preocupante, amenaza la convivencia social. Lo sorprendente es que se trata de la misma Francia que recibió recientemente al papa en París con casi un millón de personas. Pareciera que convivieran dos Francias muy distintas.

Los enfrentamientos, los disturbios, la destrucción de espacios públicos y el saqueo de 3 mil comercios en todo el país —en Marsella se habla incluso de 30.000 robos en una sola noche— reflejan una sociedad cada vez más dividida, en la que la violencia parece imponerse al diálogo y a la razón.

Nada ni nadie puede justificar estos episodios de violencia. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que los jóvenes liceístas tienen reivindicaciones legítimas que merecen ser escuchadas.

Lamentablemente, uno de los factores —insisto: uno de los factores, no el único— que contribuyen a explicar esta situación es la instrumentalización política del descontento social por parte de Jean-Luc Mélenchon (gran amigo de Maduro), cuyas posiciones y declaraciones contribuyen a exacerbar las tensiones y a incendiar las calles de Francia.

Uno de sus colaboradores más cercanos, Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis y destacado miembro de su partido, llegó incluso a afirmar que «la violencia puede ser legítima». Una declaración que evoca la célebre frase de Marx: «La violencia es la partera de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas una sociedad nueva».

Pronunciadas antes de la manifestación del sábado 17, estas palabras difícilmente podían contribuir a calmar los ánimos. Por el contrario, podían alentar una escalada de violencia que terminó expresándose en enfrentamientos propios de una auténtica guerrilla urbana, protagonizados por grupos minoritarios, fuertemente organizados, aunque sin una coordinación común.

Estos actos acabaron desfigurando las legítimas reivindicaciones de la juventud estudiantil y contrastaron con la actitud de la gran mayoría de los manifestantes, que pretendían expresar sus demandas pacíficamente.

TRES REALIDADES DISTINTAS

En las manifestaciones francesas pueden distinguirse, a grandes rasgos, tres grupos:

1. En primer lugar, los manifestantes pacíficos, que constituyen la mayoría y acuden a expresar sus reivindicaciones sociales, económicas o políticas.
2. En segundo lugar, los grupos de extrema izquierda, algunos de los cuales adoptan tácticas de confrontación con las fuerzas del orden y participan en acciones violentas.
3. Por último, grupos de jóvenes procedentes de los barrios periféricos que aprovechan las movilizaciones para cometer actos delictivos, como saquear comercios, provocar destrozos o enfrentarse a la policía, sin que necesariamente exista una motivación política detrás de sus acciones.

Aunque estos grupos pueden coincidir en un mismo espacio, sus motivaciones, objetivos y formas de actuar son diferentes. Por eso, resulta fundamental distinguir entre el legítimo derecho a manifestarse, la militancia política radical vinculada al movimiento de Mélenchon —cuyo líder, ante la magnitud de los destrozos, parece intentar desmarcarse ahora con cara de «yo no fui»— y la delincuencia juvenil procedente de la periferia.

Confundir estas tres realidades sería un error. Pero también lo sería ignorar la responsabilidad que pueden tener determinados discursos políticos en la radicalización de una parte de los manifestantes.

Por supuesto, reducir una protesta social de semejante magnitud, con cerca de medio millón de participantes, a un único factor explicativo —la instrumentalización política— sería caer en una interpretación simplista. Los conflictos sociales tienen causas más profundas y complejas que no pueden ignorarse.

CUANDO EL MIEDO SE CONVIERTE EN CAPITAL POLÍTICO

Las imágenes de violencia y caos están siendo aprovechadas por personajes nefastos como Donald Trump, quien sostiene que la violencia en Francia es consecuencia exclusiva de una supuesta «ola de inmigrantes» no integrados que se habría apoderado del país.

Son argumentos que también repiten, al pie de la letra, los admiradores de la extrema derecha y del discurso del mandatario estadounidense en Francia.

Esas mismas imágenes insoportables de destrucción serán utilizadas por Marine Le Pen para sostener que el orden republicano ha quedado destruido y que solo ella puede restablecerlo. Se trata de una estrategia de demagogia política que explota el miedo y la inseguridad para obtener réditos electorales.

En esto, Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon —con su conocida actitud de «la República soy yo»— terminan dándose la mano. Son, en muchos aspectos, las dos caras de una misma moneda: dos liderazgos que, desde posiciones ideológicas opuestas, contribuyen a polarizar la sociedad y a debilitar los espacios de entendimiento.

Sin embargo, en medio de esta confrontación, quien sale políticamente fortalecida es Marine Le Pen. La paradoja es evidente: las acciones violentas de una minoría pueden terminar favoreciendo electoralmente a una fuerza política que pretende presentarse como la única capaz de restablecer el orden, mientras las reivindicaciones legítimas de la mayoría de los manifestantes quedan relegadas a un segundo plano.

TRUMP Y LA MEMORIA SELECTIVA

Trump —que no pierde oportunidad para inmiscuirse en los asuntos internos de Francia y de otras naciones— debería recordar lo sucedido en su propio país tras la muerte de George Floyd, el 25 de mayo de 2020, en Mineápolis.

Aquel acontecimiento desencadenó una oleada de protestas contra el racismo y la violencia policial que se extendió por todo Estados Unidos. Se estima que entre 15 y 26 millones de personas participaron en algún momento en aquellas manifestaciones, que llegaron a convertirse en una de las mayoresnnnnnnnnn movilizaciones sociales de la historia estadounidense.

También entonces hubo disturbios, saqueos, enfrentamientos y episodios de extrema violencia.

Por eso, Trump debería ser más prudente antes de dar lecciones de moral a los franceses. La violencia no tiene justificación, venga de donde venga- incluyendo a la policía-pero tampoco puede utilizarse de manera oportunista para alimentar el miedo, estigmatizar a determinados sectores de la población o promover discursos políticos excluyentes.

La violencia de unos no puede convertirse en argumento para condenar a todos. Del mismo modo, el origen de una persona no puede utilizarse como explicación automática de su comportamiento delictivo.

RESTABLECER EL ORDEN, RECUPERAR LA CONVIVENCIA.

Francia necesita recuperar la serenidad, fortalecer sus instituciones y restablecer la convivencia, sin renunciar al diálogo ni desatender las reivindicaciones legítimas de su juventud.

La defensa del orden republicano debe ir acompañada de la defensa de los valores democráticos, porque una sociedad no se reconstruye únicamente mediante la autoridad, sino también a través de la justicia, la responsabilidad política y el respeto mutuo.

Los acontecimientos del sábado 17 plantean una cuestión central para el gobierno francés: ¿cómo garantizar la seguridad y perseguir los delitos sin dejar de atender las reivindicaciones sociales que llevaron a cientos de miles de personas a manifestarse?

Por ahora, este domingo 18, el pillaje y la violencia continúan, y la respuesta del gobierno se concentra —como tiene que ser— principalmente en el restablecimiento del orden público y el castigo de los responsables.

Y entiendo que, en estas circunstancias, no puede ser de otra manera. El orden tiene que restablecerse. Es imperativo.

Sin embargo, el problema de fondo para el gobierno es otro: la respuesta a las reivindicaciones sociales tardó demasiado en traducirse en medidas concretas.

La intervención policial puede intentar contener los disturbios, y la justicia debe establecer las responsabilidades individuales, pero ninguna de las dos puede resolver por sí sola los problemas relacionados con el coste de la vida, el aumento del precio de la gasolina —una preocupación tan grave como en Estados Unidos—, el deterioro de los servicios públicos o las dificultades que atraviesa la educación secundaria.

Todo ello ocurre, además, en un país fuertemente endeudado, donde se habla de apretarse el cinturón y se anuncian o contemplan medidas de austeridad que podrían agravar el descontento social. A las exigencias estudiantiles se suman las reivindicaciones de otros sectores y corporaciones, en un contexto de recursos públicos cada vez más limitados.

El gobierno tiene, por tanto, una doble responsabilidad: restablecer el orden y garantizar la seguridad, pero también escuchar y responder a las preocupaciones de la población. Porque, si bien la violencia no puede justificarse, tampoco se puede ignorar el malestar social que alimenta las protestas.

La autoridad del Estado no se demuestra únicamente con su capacidad para restablecer el orden en las calles, sino también con su capacidad para anticiparse a los conflictos, atender las demandas ciudadanas y ofrecer soluciones antes de que la frustración se transforme en ira. Restablecer el orden es imprescindible. Pero evitar que el conflicto vuelva a estallar exige algo más: respuestas políticas y sociales concretas, voluntad de diálogo y responsabilidad por parte de todos los actores políticos.

Porque cuando un gobierno solo consigue reaccionar ante la explosión del descontento, pero no logra atender a tiempo sus causas, la crisis deja de ser únicamente un problema de orden público y se convierte en una crisis de gobernabilidad.