El lugar común más habitual en la situación venezolana actual es decir que nos encontramos en una transición política inusual en la cual se cruzan diferentes intereses: los de EEUU, dominantes por ser quien ejerce la tutela sobre Venezuela y marca la pauta general de los cambios; los intereses de la coalición gobernante, reducida luego de ser eliminados los elementos políticos y económicos asociados a Nicolás Maduro y Cilia Flores.
El gobierno provisional, por su parte, adelanta los cambios bajo presión y con la intención de preservar lo preservable del antiguo régimen. Y finalmente una mezcla todavía no estructurada y poco homogénea entre las distintas fuerzas democráticas organizadas (incluyendo a los partidos políticos y a las de la sociedad civil) y el sentimiento popular mayoritario en pro de una redemocratización que se expresó con meridiana claridad el 28 de julio de 2024. No creo equivocarme al decir que hay un consenso en que una tal descripción se aproxima a la realidad presente.
De ahí en adelante la evaluación de lo que ocurre, las tendencias perceptibles y hacia dónde marchan los cambios difiere ampliamente, tanto de parte de los estudiosos y observadores del proceso, como de quienes se encuentran en las trincheras, actuando para que la democracia vuelva a ser una realidad en Venezuela.
Sobre la naturaleza de los cambios en curso
Las transformaciones que están teniendo lugar en Venezuela son de tres tipos: económicas, liberalizadoras en lo político e institucionales y cada una tiene velocidades distintas. Las primeras dos fases de Marco Rubio (Estabilización y Recuperación) se han enfocado en lo económico, tanto que antes y después del llamado acuerdo petrolero buena parte de las políticas explícitas han estado dirigidas a desregular ciertos pilares del funcionamiento económico (petróleo, apertura eléctrica) aunque sus resultados inmediatos disten de favorecer necesidades sentidas del venezolano de a pie. Otros cambios han ocurrido al interno del régimen, como el fiscal general, la salida de Padrino López y unos cuantos otros reajustes en las cabezas más visibles. Estos y un relativo descongelamiento del clima político y disminución de controles (medios, opinión, represión) representan, como es el caso de los presos políticos y a pesar de las restricciones conocidas de la Ley de Amnistía, la liberalización política que es experimentada por la población como algo positivo.
El último eslabón, el de los cambios institucionales, que pareciera tener más que ver con la fase 3 de Rubio (transición o normalización democrática) se inició en agosto tras crearse la Mesa de Negociaciones o de Diálogo compuesta por representantes de la Asamblea Nacional de 2015, coordinada por Dinorah Figuera (fuerzas democráticas) y del gobierno provisional encabezadas por Jorge Rodríguez. Poco después de su creación, la Mesa hizo del conocimiento público que los principales cambios serían, primero del TSJ y demás organismos correspondientes a la cúpula del sistema judicial y luego del Consejo Nacional Electoral, siguiendo aproximadamente los mismos pasos que en el primero.
La lista de lo que falta es harto larga
Pero si hacemos una lista de mercado sobre lo que debería cambiar, se pierde en el horizonte. Mencionemos apenas los siguientes:
Reinstitucionalización del BCV, para apresurar el ordenamiento sistemático de la economía, más allá de los deseos, buenos o malos, que pueda acariciar el gobierno provisional.
Plan eléctrico mínimo, construido sobre bases técnicas inobjetables, para mejorar la calidad de vida de los venezolanos lo más pronto posible
Fecha de elecciones presidenciales, la cual probablemente esté sujeta a los cambios de legislación que puedan ocurrir en relación con el Consejo Nacional Electoral (CNE) dada la limitación constitucional de 6 meses antes de que puedan ocurrir si ha habido cambios en las leyes o reglamentos referidos al CNE.
Autorización para la vuelta de María Corina Machado y otros dirigentes hoy vetados por el gobierno provisional.
Cambios institucionales adicionales, tal como se ha planteado en la Mesa de Negociaciones, incluyendo la fiscalía general, la Procuraduría y otros de ese calibre.
Reajuste de mandos militares y la creación a mediano plazo de una nueva doctrina militar.
Plan de Justicia Transicional, para que el país sepa a qué atenerse respecto a quiénes deberían ser procesados por la justicia ordinaria (o internacional) y quienes sometidos a un proceso diferente.
Inicio de la Renegociación de la Deuda Externa, aspecto crucial para que Venezuela efectivamente pueda superar las limitaciones financieras actuales que limitan avanzar hacia un proceso de crecimiento sostenido.
Eliminación de leyes discriminatorias, tanto respecto al ejercicio de las libertades políticas como a la libertad de expresión y de prensa.
Restructuración del Acuerdo Petrolero aprobado recientemente entre EEUU y empresas establecidas en Venezuela.
Recuperación de espacios del territorio de la república en manos de grupos irregulares, guerrillas colombianas u organizaciones del crimen organizado.
Inicio de reorganización de empresas del estado.
Devolución/renegociación de activos expropiados.
Libertad plena para TODOS los presos políticos.
¿Cuál primero, cuál después?
Hay infinidad de asuntos adicionales, para todos los gustos, pero si aceptáramos la lista anterior como la que debería ser, planteada como ha sido sin indicar prioridades, el problema pasa a ser la secuencia de cambios, quién tiene la autoridad o el poder para que los cambios ocurran, o dicho en cristiano, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Al respecto, identifico dos posturas: una primera, la más compartida por los principales actores y organizaciones democráticas, coloca el punto de inicio en lo electoral. Llámese a unas elecciones presidenciales lo más pronto posible y la mayoría de los problemas se irán resolviendo. Algo así como una postura de magia electoral. Cuando sabemos que las circunstancias en Venezuela son más complicadas que eso. Que nadie garantiza que la pesada maquinaria estatal venezolana, hoy copada por fieles a otro tipo de salida, avance de manera categórica hacia continuar resolviendo los temas planteados arriba.
La segunda, más emparentada con la estrategia del secretario de Estado Marco Rubio, plantea que hay que resolver primero muchos de los temas y dilemas ya enunciados, e incluso algunos otros, antes de que se realicen elecciones presidenciales, de modo que quien gane las elecciones no se consiga con obstáculos difíciles de sobrellevar que puedan conducir a un fracaso político del intento de resolver las cosas electoralmente. Y hoy, ejemplos como Bolivia o Guatemala dan idea de cómo obstáculos institucionales, políticos o de coyuntura económica, pueden disminuir la velocidad o incluso la posibilidad del cambio redemocratizador.
La necesidad de acuerdos internos sobre el futuro
Pero no se trata solo de la secuencia más adecuada de los cambios a adelantar. Muchas de las transformaciones mencionadas, más allá de su necesidad imperativa, representan dilemas políticos decisivos. Y en muchos casos esos dilemas no se van a resolver de la mano de un tercero, por más tutor que sea o por poder de fuerza que tenga. Son temas políticos que trascienden lo administrativo o lo técnico. Tienen que hacer con que las dos principales fuerzas en disputa en Venezuela se pongan de acuerdo sobre cómo avanzar.
Durante muchos años las posiciones dominantes en el seno de lo que entonces se denominaba la oposición han planteado un cambio rotundo del régimen chavista, vale decir, sacarlo de cuajo y sustituirlo por una versión de la democracia que antes tuvimos. Ocurrió durante las protestas de 2014. Ocurrió tras la victoria en las elecciones de la AN del 2015, Ramos Allup dixit. Ocurrió durante el período de vigencia del gobierno interino. Ocurrió tras las primarias de 2023 y, aunque no abiertamente, también tras la victoria electoral del 28 de Julio. La razzia represiva que vino después no hizo sino acumular mayor rabia y resentimiento contra el régimen de Maduro.
Hete aquí que vino la captura de Maduro y la mayoría de los venezolanos opositores pensó que el mandado estaba hecho y que tras la salida del dictador advendría un cambio de régimen súbito.
Y, como sabemos, no fue así. De hecho, desde la aceptación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, su posición se ha ido no sólo normalizando, sino incluso consiguiendo mayor aceptación internacional y un apoyo sostenido de parte de la Administración Trump. Incluso tanto a Delcy Rodríguez como su hermano Jorge le han sido levantadas las sanciones que pesaban sobre ellos y han logrado generar una relación de trabajo bastante flexible y llevadera con sus contrapartes estadounidenses, a pesar de algunos contratiempos menores. A estas alturas del partido nadie puede negar que son un poder establecido, aunque no necesariamente definitivo. No se puede tapar el sol con un dedo.
Y esa realidad, ¿qué nos dice a voz en cuello?
Lo que a mí me dice es que muchos, si no la mayoría o todos los cambios planteados anteriormente deben, de una manera u otra, contar, si no con el beneplácito, al menos con la opinión—y seguramente la presión—de los distintos factores del gobierno provisional, que está allí precisamente para eso. De ahí que para avanzar se hace indispensable un amplio acuerdo entre las fuerzas democráticas y el gobierno provisional.
Eso no ha sido posible hasta ahora debido a la negativa constante de parte del chavismo, primero bajo Maduro y ahora bajo el triunvirato Delcy-Jorge-Diosdado. Poder acordarse con la administración Trump y doblarse hasta lo indecible para complacerlos les ha permitido mantenerse como única fuerza real en el terreno, mientras las fuerzas democráticas se han ido recuperando muy lentamente e incluso a su activo fundamental, María Corina Machado, aún se le impide la entrada al país, so pretexto de que soliviantaría los ánimos y podría afectar el plan de Marco Rubio.
Pero más temprano que tarde el momento llegará en que lo complejo de los cambios y el mismo descontento de los venezolanos con la marcha de las cosas, obligará—ojalá que de la mano de quienes ejercen la tutela—a que los venezolanos de ambos signos busquen un acuerdo mínimo sobre lo que debe hacerse, cuándo y cómo.
Hay un ensayo en curso, la Mesa de Negociación, y lo deseable es que muy pronto ese mecanismo sea ampliado y revestido de mayores poderes para incluir a los factores dominantes en la oposición, vale decir, los más asociados con el liderazgo de María Corina Machado. Esa ampliación no sólo permitiría fortalecer la legitimidad—puesta en cuestión por muchos—de quienes hoy negocian por parte de la oposición democrática, sino que seguramente proporcionaría un piso más solido a cualesquiera cambios se adelanten.
Colofón
A todas estas, quien lea estas líneas se preguntará, antes de echarse a reír: ¿y dónde quedan los americanos? ¿Pintados en la pared?
Se me antoja que va a haber americanos para rato y, aunque suene a pecado, probablemente este sea el mejor negocio que pueda hacer Venezuela. Piénsese solo en el tema fuerza armada, mencionado brevemente al inicio. ¿Cree alguien que es posible que de verdad «vuelvan los militares a los cuarteles» sin una presión adecuada de quienes se llevaron a Maduro? Yo no lo estimo posible. Y qué decir de la recuperación del territorio hoy en manos de grupos irregulares. Probablemente varios más de los temas de la larga lista mencionada van a requerir influencia e incluso presencia de EEUU.
De allí que lo que luce más conveniente es buscar también un acuerdo de largo plazo con EEUU. De no hacerlo por propia voluntad y buscando defender la soberanía de la nación y sus mejores intereses, corremos el riesgo de caer en un control unilateral, como el ocurrido hace ya más de un siglo en Cuba, bajo la Enmienda Platt, que dispuso, a la mejor conveniencia de Estados Unidos, de múltiples ámbitos de la vida de la isla. En menor medida, pero bajo la misma filosofía, ocurrió también en República Dominicana, donde fueron controladas las aduanas por la administración estadounidense.
Lo que nos espera es largo y calamitoso.
Amanecerá y veremos.
