El jueves pasado, el sistema represor de Cuba secuestró a la filóloga, periodista y directora del diario independiente 14ymedio, Yoani Sánchez. La mantuvo a la sombra mientras la acusaba de «atentado contra el orden constitucional» y la liberó luego de nueve largas horas detrás de los barrotes.
Afortunadamente, Yoani ―bien conocida fuera de su tierra, por el valiente trabajo que ha desarrollado a favor de la libertad de expresión― pudo enviar un mensaje antes de quedar incomunicada y logró que la noticia de su secuestro se regara por las redes y se hiciera viral, generando una reacción masiva para exigir su liberación que probablemente acortó la permanencia detrás de los muros que le tenía prevista la dictadura cubana.
Uno se pregunta qué puede significar «atentado contra el orden constitucional» y la verdad es que todo y nada. En primer lugar, depende de quién es el que dice qué es el orden constitucional y qué es un atentado: quién define el bien y el mal, lo permitido y lo prohibido. Recuerda a la Ley del Odio venezolana (por cierto, ¿habrá algún colectivo que haya lanzado al aire más mensajes de odio per cápita que el chavismo?), o al terrorismo, conspiración, resistencia a la autoridad y tantos otros delitos, equivalentes al conocido medalagana y vas preso, que se usan hasta el cansancio en países sin república y sin democracia para encerrar a gente inocente y meter miedo a los que andan sueltos ―que no libres― por la calle.
Los regímenes dictatoriales son expertos en convertir sus vísceras en crímenes: le inventan una violación de las leyes ―e inventan las leyes, cuando hace falta― a cualquiera que les inspire temor, desconfianza o que remotamente amenace su hegemonía y su poder. Y para eso, tienen una creatividad digna de mejor causa.
El Foro Penal, una ONG defensora de los derechos humanos, señala que desde 2014 se han registrado 19.253 detenciones con fines políticos en Venezuela. Al 9 de octubre pasado, 322 personas aún estaban en la cárcel por razones políticas, y hay más de 11 mil personas que continúan sujetas a medidas restrictivas de su libertad; medidas que el Foro Penal califica de arbitrarias. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional se está discutiendo la modificación, que no la derogación, de la mentada Ley del Odio, comenzando por un cambio de nombre: de Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, a Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia. Le quitan la palabra odio, que suena muy fea, y le agregan la palabra democrática para que cuadre con la transición tutelada y con el cuento de yonofui que el interinato pretende difundir.
El asunto es que las costuras se ven por todas partes. Dice el presidente de la Asamblea: «Ojalá no necesitáramos una ley de convivencia, pero… es imprescindible… estamos en presencia de una derecha borbónica… que no aprende, que persiste en la prepotencia, que persiste… en el enfrentamiento».
O sea, que la oposición al chavismo representa a la derecha recalcitrante, frente a la cual hay que tener un instrumento que permita sancionar a los que, en la opinión del régimen, se vayan de la lengua y promuevan la violencia desde sus tribunas en los medios o en las redes sociales. Según la reforma, no habrá penas de cárcel para los culpables, pero sí multas cuantiosas que permitirán asustar a la gente para que mida sus expresiones públicas y se cuide de ofender o promover el odio hacia sus semejantes; unos semejantes que por, supuesto, pertenecerán a la clase gobernante, a la clase que estará en condiciones de repartir acusaciones, condenas y multas, y la que decidirá lo que son flores y lo que son espinas.
LA CONCLUSIÓN ES LA MISMA
La reforma aclara que la labor periodística, la libertad de expresión y las opiniones de naturaleza política no se considerarán discursos de odio, siempre que no contengan una incitación directa a realizar actos violentos o delictivos, pero uno ya sabe, después de estas casi tres décadas, cómo se le da la vuelta a los hechos para que cuadren con los deseos ―o los temores― de los que mandan. Al final, la conclusión es la misma de siempre: el chavismo no tiene la más mínima cantidad de fibra democrática ni de tolerancia en su ADN y, en cuanto el tutor se voltea o se distrae, vuelve a las andadas.
A medida que disminuya la presión regresarán a las mañas de siempre, a ver hasta dónde pueden llegar sin que el maestro los regañe y los ponga contra la pared. Es cierto que el regime change tiene sus etapas y hay asuntos que no se pueden acelerar, pero el proceso de cambio necesita cierta vía libre. Los cambios se pueden revertir si el estímulo se debilita, y cada vez que se revierten se hace más difícil empezar de nuevo.
